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Especial de la Semana

2x1 a la impunidad

"Me rompieron el esternón, varias costillas, me provocaron quemaduras con encendedores y colillas de cigarrillos en el cuello. Me hicieron el submarino varias veces y me picanearon otras tantas", relata Gladys Cuervo, una de las víctimas del “grupo SWAT” que integraba Luis Muiña, a quien se le otorgó el beneficio del 2x1 en una decisión polémica de la Corte Suprema de Justicia.

El fallo contra el represor, de 61 años que había sido condenado en 2011 a 13 años de prisión, fue por mayoría de 3 a 2, estando a favor Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, mientras que de la vereda de enfrente se ubicaron Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

Highton de Nolasco y Rosenkrantz justificaron su voto argumentando que debe aplicarse la ley penal más benigna siempre, sin importar si el delito es común o de lesa humanidad, ajustándose al artículo 2 del Código Penal. 

Mientras que Rosatti se excusó en que si el legislador no previó diferencia para la aplicación de la ley penal entre estos dos tipos de delitos, no puede hacerlo el juez. De hacerlo, se estaría violentando la división de poderes y un Estado de Derecho no puede combatir la barbarie apartándose del respeto y las garantías.

Lorenzetti y Maqueda, en cambio, destacaron la importancia de distinguir la diferencia entre los delitos comunes y los de lesa humanidad. Remarcando la imposibilidad de amnistía, indulto, conmutación de penas y la no aplicación del instituto de prescripción. También resaltaron el carácter de delito permanente, lo que adquiere suma importancia porque si durante su lapso rigieron dos leyes, no se está frente a un caso de sucesión de leyes sino que hay coexistencia y debe aplicarse la vigente en el último tramo. Que en este caso puntual sería la ley 25.430, que derogó la ley 24.390, que rigió entre 1994 a 2001, otorgando el beneficio del 2x1.

Lo llamativo también fue que el fallo fue criticado por voces de distintas opiniones políticas. Eugenio Raúl Zaffaroni coincidió en que “el delito de desaparición forzada es un delito de ejecución permanente y debe aplicarse la ley vigente al momento del hecho, no hay sucesión”. 

Los abogados constitucionalistas Andrés Gil Domínguez o Daniel Sabsay, de una vereda política opuesta, tampoco se mostraron a favor del fallo. Gil Domínguez dijo que se trataba de un “retroceso injustificado” pero que no se encontraba para nada sorprendido: “Esta misma Corte dos meses atrás dictó en el fallo Fontevecchia, que lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos después de revisar una sentencia y condenar a la República Argentina por violar derechos humanos, puede no ser acatado”. 

Mientras que Sabsay lamentó que esto puede traer un “efecto cascada”. Y no estuvo para nada errado porque horas después de difundido el fallo de Muiña, otros cuatro represores solicitaron el mismo beneficio: el “obstetra de la ESMA” Luis Magnacco, el torturador Alejandro Lazo, Víctor Gallo y Héctor Giribone, condenado por robo y ocultamiento de la identidad de Pablo Javier Gaona Miranda. Luego se sumó Arnaldo “Chubi” López, genocida que formó parte de la causa La Perla y cumple cadena perpetua por 280 homicidios calificados y 383 secuestros. La Procuraduría de Crimenes Contra la Humanidad difundió que si se aplicara el beneficio del 2x1, 278 genocidas podrían recuperar su libertad.

Por la magnitud de lo que significa que represores de la última dictadura cívico militar puedan recuperar la libertad, se podría decir que era algo impensado. Pero la verdad es que no. Desde la asunción de Macri, se volvió a discutir y tratar de instalar teorías que habían sido ya descartas no solo por la Justicia Argentina sino por toda la comunidad internacional también. 

Las provocaciones del ex ministro de cultura porteño Darío Lopérfido y el ex carapintada Juan José Gómez Centurión son prueba de ello. O el fallo de la Corte en febrero sosteniendo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede revocar sentencias de nuestro Máximo Tribunal. Y los intentos de la Iglesia de buscar una reconciliación en casos donde ni siquiera hay un grado de arrepentimiento. 

Tampoco parecería ser casualidad, o aunque sea llama la atención, cuáles fueron los tres jueces que estuvieron a favor del beneficio del 2x1: Rosenkrantz y Rosatti, que aunque fueron designados con acuerdo del Senado, nadie podría decir que no llegaron por impulso del Poder Ejecutivo, y Highton de Nolasco, próxima a cumplir 75 y, tal vez, tratando de no enemistarse con el Gobierno para seguir en el cargo.

Lo que hasta hace un tiempo hubiese sido difícil de creer, evidentemente hoy ya no lo es. Y una entrevista televisiva entre Etchecolatz y una víctima de delitos de lesa humanidad que podía buscarse hoy como algo del pasado, mañana se puede repetir.​


Columnista