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Opinión

A 10 años del voto "no positivo" de Cobos: cuánto dinero representan las retenciones al campo

Por Daniel Sticco

Es un clásico de la historia económica de la Argentina acudir a atajos cuando los funcionarios de turno no aceptan la fórmula ortodoxa para bajar la inflación, que en general exige achicar el gasto público como mecanismo eficiente, y a la larga menos doloroso, para reducir el déficit fiscal. Así surgió hace exactamente 10 años la iniciativa para disponer un impuesto móvil a la exportación de soja, con el fin de que el Estado se quede con gran parte del aumento que proyectaba el precio internacional del complejo oleaginoso.
Entonces la iniciativa surgió porque el "yuyito", como había definido la ex presidente Cristina Elisabet Fernández de Kirchner a la principal fuente generadora de divisas a través de las exportaciones, había iniciado lo que finalmente fue un vuelo corto ascendente de los precios internacionales de menos de USD 300 la tonelada en 2007 a casi USD 600 en 2008, y con una proyección  a superar los USD 700; y en el caso del aceite de soja pasó de USD 460 en 2016; a USD 740 un año después y USD 1.370 a fines de junio de 2008.
Pero ya "con el diario del lunes" se vio que esa escalada de precios fue puntual, porque al poco tiempo surgió la crisis financiera de las hipotecas en los EEUU que se extendió hasta 2009 y provocó el derrumbe de las cotizaciones internacionales de las materias primas, y el complejo oleaginoso no fue la excepción.
Después, superada esa crisis, y con la caída del dólar, los precios retomaron una carrera alcista, al punto de llegar a batir algunos récord en 2012, pero nuevamente fue un movimiento efímero, porque desde entonces se inició un ciclo bajista que persiste hasta estas horas.
Sin embargo, ese ciclo posible de los precios de las materias primas en el mundo muchos no lo quisieron ver, o ponderar, y se llegó al Congreso con la propuesta de imponer un impuesto singular al complejo oleaginoso que, a los valores de entonces, significaba pasar de una retención fija del 35% hasta casi el 70% del valor de las exportaciones, según el esquema de retenciones móviles diseñado por los entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y el ministro de Economía, Martín Lousteau.
Contó con el voto favorable en la Cámara de Diputados, pero no logró convertirse en ley en el Senado, por el "voto no positivo" del presidente provisional, Julio Cobos, tras el empate en 36, entre los 72 miembros del cuerpo.
Nuevamente se habla de ajuste fiscal y suba de impuestos
Sin embargo, como ocurre recurrentemente en la Argentina cada vez que aparece en la escena de la política económica la necesidad de ajustar el gasto público y fortalecer las fuentes de ingreso para reducir el déficit fiscal, en particular cuando viene precedida de una fuerte devaluación, surge la tentación de echar mano a las retenciones sobre las exportaciones; y como en 2008, el acento se puso sobre el complejo sojero.
La iniciativa vino de la mano de los técnicos del FMI, que anticipadamente al informe de evaluación de la situación argentina, tras el acuerdo rubricado por un préstamo contingente a tres años de plazo por hasta USD 50.000 millones, dejaron trascender que iban a proponer "la suspensión en 2019 del cronograma de baja de las retenciones", para obtener por esa vía un ahorro equivalente a unos USD 500 millones, un 0,1% del PBI estimado para el próximo año.
Se trata de dejar en suspenso la aplicación del decreto 1343/16 que instrumentó el programa para la reducción progresiva de las retenciones a la exportación de la soja a partir del 1 de enero de 2018 y hasta diciembre de 2019, a un ritmo de 0,5 punto porcentual para el grano, su aceite y harina derivados, desde el 30% y 27%, respectivamente, a 18% y 15%, respectivamente al fin del ciclo.
Sin embargo, rápidamente, y tras un reunión entre el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, fuentes oficiales informaron a Infobae un par de  semanas antes de que se difundiera el documento de 125 páginas del FMI  que no habrá cambios en el esquema impositivo: "Todo sigue igual, sin cambios".
A la hora de explicar cómo se podría bajar el déficit primario a 2,7% del PBI este año y a 1,3% en 2019, el FMI propuso un decálogo de medidas, entre ellas ponerle un freno la baja a las retenciones a la soja, equivalente a un ahorro de 0,1% del PBI, a lo que el Gobierno dijo "no" por el momento.
Componentes del valor de las retenciones
El FMI estimó el impacto de la suspensión de la disminución de las retenciones en 0,1% del PBI, aunque no explicitó cómo llega a esa proporción, habida cuenta de que, como muestra la evolución del cobro de retenciones por parte de la Aduana, se trata de una variable que integra varios componentes y que desde el ciclo ascendente en pesos hasta 2012 comenzó a tener una marcada volatilidad.
En primer lugar, porque un factor determinante de la base imponible del complejo sojero es la oferta exportable del producto, tanto por el excedente del año anterior, como principalmente de la expectativa de producción de la nueva campaña que aún no se sembró y que frente a la perspectiva de un nuevo impuesto, como sería el equivalente a interrumpir la rebaja instrumentada hace más de un año, podría verse afectada.
Pero además, influye la perspectiva de los precios internacionales, la cual, como se vio más arriba, muestra una notable volatilidad, y lo que hoy aparece como un ciclo bajista moderado podría agravarse si se intensifica la fortaleza del dólar en el mundo, o surge un nuevo fenómeno climático adverso en otros grandes países productores de la oleaginosa, como los EEUU y Brasil; o si cambia la demanda de China.
Y no es menor el efecto del nivel del tipo de cambio local, que  parecía que se encaminaba a superar los $30, pero con una singular batería de medidas de política monetaria y cambiaria se la llevó a menos de $28 en el canal minorista y a cerca de $27 para el comercio exterior.
Además, se suma la facultad que tiene hasta ahora el exportador de retener en el campo la oleaginosa en silos-bolsa hasta el momento que considere oportuna su venta y liquidación de las divisas, de modo que no asegura una caja constante para el fisco acorde con su ciclo productivo, sino con el comercial que ha probado ser muy diferente.
De ahí que más eficiente y seguro es avanzar con medidas concretas de baja del gasto real en la administración pública, que buscar atajos tributarios que han demostrado generar más costos que beneficios para la sociedad en su conjunto.
Sobre todo porque en los cuadros anexos al Informe sobre la Evaluación de la Economía Argentina los técnicos del FMI proyectan para 2019 un aumento de los recursos del gobierno nacional en 0,6% del PBI y baja del gasto primario en 0,9% del PBI; cuando en el decálogo para reducir el déficit primario hay ocho medidas orientadas a reducir el gasto en 2,1% del PBI.
En conclusión, los técnicos del Fondo prevén que un conjunto de gastos se incrementarán respecto de 2018 en 1,2% del PBI, los cuales no se localizan ni en gasto social ni, mucho menos, en obra pública, y por eso aconseja postergar algunos efectos de la reforma tributaria orientados a disminuir el peso de los impuestos de las familias y mantener por arriba del 20% las retenciones sobre el complejo sojero.

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