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Opinión

Analizando la política social de la era Macri


Por Eduardo Luis Fracchia
"Enseñar a pescar es mejor que regalarle un pescado a un hombre", expresa un famoso proverbio. Esta frase resume la idea central para políticas sociales coherentes. En Argentina, existe una carga muy fuerte de planes sociales que son funcionales para mejorar el bienestar, pero también se pueden ver como paliativos. Lo sustantivo en lo social pasa por la educación y por la generación de puestos de trabajo. Alcanzar este objetivo de empleo es difícil con mucha presencia de ciudadanos de baja y media calificación, que es donde abunda el desempleo en nuestro país.

Es sabido que la mejor solución para bajar la pobreza es una buena macro: crecimiento sostenido e inflación cercana a cero. Además, el sistema tributario debería ser más equitativo y corregir hacia abajo el índice de Gini como ocurre en Europa, usando más los impuestos progresivos. En nuestro país, el sistema impositivo no es muy eficaz para mejorar la distribución del ingreso.

La apuesta de fondo, entre otras políticas públicas, es mejorar la educación que pueda incrementar el porcentaje de egresos de la secundaria respecto a alumnos ingresados (ahora es solo del 40%). Si esta ratio no mejora, se pierde la capacidad de dar empleabilidad al sistema. Chile, por ejemplo, ha avanzado mucho y están en una ratio del 80% de graduados sobre ingresantes en la secundaria.

El balance social de estos tres largos años de la gestión de Mauricio Macri no es bueno —tampoco se esperaba una mejora importante dados los desequilibrios macroeconómicos heredados. El impacto de las medidas de ajuste implementadas fue menor al esperado al inicio de la gestión. Primó el gradualismo. A la luz de los resultados, las políticas de contención social parecen no ser suficientes, aunque hubo grandes esfuerzos.

El Gobierno encaró una política de mantenimiento del gasto social y hay continuidad con la gestión anterior respecto de los planes sociales existentes. Se suma la mayor retribución a ciertos sectores vulnerables, la tarifa social y la ampliación de la asignación universal por hijo (AUH).

En 2019, un año de estanflación, es normal que la cuestión social empeore. La inflación, generada en gran parte por la corrección de precios relativos, disminuyó el ingreso real, en especial de los trabajadores informales y de los de menor ingreso. Walter Sosa Escudero estudió con otros economistas este tema en profundidad y, en su momento, se llegó a la conclusión de que el impuesto inflacionario afecta más a los pobres respecto a los ricos, en un múltiplo de tres.

La contracción de la actividad en 2019 cercana al 2% supondrá más despidos, suspensiones y temor al desempleo, con fuerte impacto negativo sobre el consumo. Los sectores más comprometidos con la pérdida de empleo en 2018 fueron la construcción y la manufactura de origen industrial, en particular la ligada a Brasil. En 2020, se espera que el escenario social adverso revierta parcialmente por la suba del PIB y la reducción de la inflación.

La pobreza subió según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que son bastante similares a los del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). Sin dudas el impacto social de medidas económicas adoptadas en términos del "ajuste" hubiese sido mucho mayor sin el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI). El fondo que facilita la transición, aunque no estamos seguros de la magnitud de esa ayuda social por el financiamiento.

Nuria Susmel, de Fundación Fiel, presentó un análisis del impacto de las transferencias que hace el Ejecutivo para mitigar la pobreza y la indigencia. La diferencia es de 2% aproximadamente en el caso de pobreza y de 3% en la indigencia. Aunque son valores estimados, se puede pensar que la pobreza actual sin transferencias sería del orden de 36%, y no de 34 % como refleja la estadística oficial.

Macri puso tres objetivos al iniciar su Gobierno. El de "pobreza cero" fue un ideal muy utópico. Si, en realidad, llegara a reducirla —en una eventual reelección— al 20% para fin del mandato en 2023, sería un logro en sí mismo, dado que hace casi 20 años no podemos estar por debajo de este número.

Por otra parte, el salario real se contrajo mucho en 2018 en el sector formal. Este descenso depende de cada sector en relación con las paritarias acordadas. Aparentemente el ingreso real de los asalariados informales disminuyó con mayor intensidad que el formal. Para este año, se estiman despidos por 150 mil personas en el sector privado. Aunque también se esperan algunas mejoras no muy significativas en los indicadores sociales recién sobre el final de 2019. Es evidente que la característica de año electoral es clave y el Gobierno buscará mejores resultados en materia social.

La menor inflación hacia 2020 posibilitará la recuperación del salario real, siempre que la economía inicie el proceso de recuperación y las paritarias logren ubicarse algo por encima de la inflación. Esta situación macro sumada a las políticas sociales que se vienen implementando tendrá un efecto positivo en cuanto a la reducción de la pobreza en 2020.

El nivel de empleo mejorará, en particular en el sector informal. El repunte de la construcción y de la industria será clave en 2020 para mejorar los indicadores sociales.

En definitiva, el bienestar social depende básicamente de la macroeconomía y de las políticas públicas del área social. Para el año en curso, se asume una recesión moderada y una inflación superior al 30 por ciento. Con esta macro se estima que el desempleo puede subir dos puntos en 2019. La distribución del ingreso, que mejoró con el kirchnerismo, se complicó en 2016 y puede volver a dañarse parcialmente. Este año de sinceramiento de las variables fiscales y monetarias es clave para consolidar a futuro las metas sociales en el marco de un crecimiento sostenido.

*El autor es director del Área de Economía del IAE – Business School de la Universidad Austral.

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