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Análisis Semanal

La soja prometida: El campo debe ser solidario























​Al igual que una porción importante de la sociedad argentina acompañó el reclamo del sector agropecuario contra el Gobierno kirchnerista en 2008 y fue parte de piquetes en las rutas y de masivas concentraciones en las ciudades de Rosario y Buenos Aires, el campo en su conjunto debería comprender que a veces hay que resignar un beneficio en favor de otros sectores más postergados. Este sería un gesto muy noble de un sector muy importante de la economía nacional que ya obtuvo varias medidas de incentivo con la llegada de la nueva administración al poder.

Como todo candidato, el presidente Mauricio Macri hizo varias promesas al agro durante su carrera hacia la Casa Rosada. Muchas las cumplió, otras aún no, pero su estadía al frente de la República recién ha comenzado. La eliminación de retenciones para exportar trigo, maíz, productos de las economías regionales y carnes ya es un hecho. La reducción de 5 puntos porcentuales de ese tributo a la soja también se realizó (la alícuota de la oleaginosa pasó de 35 a 30 por ciento). La quita de todas las trabas al comercio exterior para la agroindustria también es cosa del pasado.

Es cierto que estas medidas del nuevo Gobierno, sumadas a la mejora real del tipo de cambio (vía devaluación del peso) permitieron recuperar parte de la competitividad perdida por el campo en los últimos años. El contexto claramente pasó a ser otro. Funcionaron como un fuerte incentivo para incrementar la inversión de cara a la campaña 2016/2017, tanto para la agricultura como para el resto de las actividades productivas, incluida la ganadería.

A pesar del escenario favorable para el sector, el fuerte avance de la inflación elevó los costos de producción, mientras los precios de los principales cereales y oleaginosas se derrumbaron desde el inicio del segundo semestre de 2016, debido a la abundante oferta de granos existente en el mundo y la mayor cosecha esperada en Estados Unidos y Sudamérica (Brasil y Argentina). El dólar prácticamente quieto en torno a los 15 pesos también contribuyó a la pérdida de competitividad y por consiguiente a la caída de la renta de varias actividades dentro del "mundo agro".

En este contexto, sectores como la lechería y varias economías regionales (peras y manzanas, cítricos y uvas) se encuentran en un laberinto sin salida, y el fugaz bienestar que les pudo haber generado las medidas oficiales, no disimuló la grave crisis en la cual están inmersos.

Ante la falta de solución del Gobierno a ésta demanda permanente de los dirigentes y productores, la palabra empeñada por Macri en la campaña presidencial el año pasado cobró mayor relevancia. El presidente había prometido eliminar de la faz de la tierra los "distorsivos" derechos de exportación a los cereales y la reducción gradual de este impuesto a la soja. La propuesta del entonces aspirante al sillón de Rivadavia era la baja de 5 puntos porcentuales cada año hasta suprimir por completo el tributo. Aquí radica el punto que disparó una fuerte polémica con declaraciones cruzadas entre dirigentes de las gremiales del campo y funcionarios del Ministerio de Agroindustria.

Semanas atrás se empezó a instalar que el Gobierno podría postergar la quita de los famosos 5 puntos a la soja para el próximo ciclo agrícola. Incluso algunos ruralistas de peso, como el titular de Coninagro, Egidio Mailland, se mostraron dispuestos a aceptar una postergación si esos recursos fueran destinados a otros sectores productivos que están en crisis (lechería y economías regionales). Aunque otros ruralistas pusieron el grito en el cielo cuando el rumor se empezó a instalar: el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Dardo Chiesa, fue categórico al expresar que si se pospone la quita de retenciones a la soja afectaría la inversión de los productores, además de vulnerar las promesas de campaña. Por su parte, el máximo exponente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, no cerró aún la puerta a un posible recorte del tributo. "Hoy no tenemos por qué poner en duda que no vayan a cumplir", afirmó en los medios de prensa.

El propio ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, fue testigo directo de las voces a favor y en contra de no bajar 5 puntos porcentuales de los derechos de exportación a la soja. En la Exposición de Jesús María en Córdoba, los dirigentes expresaron su solidaridad ante la probable prórroga de la medida. En cambio, en el Congreso CREA realizado la semana pasada en la ciudad de Buenos Aires chacareros del noroeste del país (Salta y Tucumán) le reclamaron al funcionario que sin la rebaja en el NOA no hay rentabilidad, debido a la fuerte incidencia que tiene el flete en los costos por la extensa distancia con los principales puertos del Gran Rosario. Con esta postura se volvió a reflotar la intención de algunas entidades rurales (principalmente la Federación Agraria) de pedir una segmentación de retenciones para la soja. Claramente, no es lo mismo producir soja en la Pampa Húmeda que en el norte del país.

La alarma se encendió entre los productores cuando se supo que en el proyecto de presupuesto 2017 que el Gobierno envió al Congreso para su aprobación no contemplaba -según el análisis de los economistas- una nueva reducción de las retenciones a la soja. Desde el punto de vista fiscal, la medida del Ejecutivo de postergar la baja impositiva para el agro tiene cierta lógica, porque hay sectores de la sociedad que requieren de una rápida respuesta por parte del Estado para sobrellevar el delicado contexto en el que viven. Y para ello, se necesitan fondos públicos que provienen de la recaudación tributaria.

Si los recursos que el Gobierno ahorra por no cumplir con su promesa de campaña de recortar 5 puntos porcentuales de las retenciones a la soja, se utilizan para nutrir partidas que requieren urgente atención social es muy razonable. De acuerdo a un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario, el costo fiscal de la medida sería de unos 16 mil millones de pesos, monto nada despreciable en época de vacas flacas.

A pesar del debate desatado en torno al tema, aún no hubo una comunicación oficial que confirme la postergación de la iniciativa. Todavía nos encontramos en el terreno de la especulación y nadie sabe con certeza si finalmente el presidente de la Nación cumplirá con su palabra. Aunque a muchos dentro del sector les parezca injusta una posible postergación de la medida, el campo debe ser consciente que apenas un año atrás tenía una presión impositiva mayor y sufría los resabios de la intervención kirchnerista. Chacareros, contratistas, industriales y exportadores deberán comprender que los beneficios no siempre llegan en el momento esperado. Entonces, esta discusión no debe desviar el eje del verdadero objetivo: aumentar en el mediano y largo plazo la producción de alimentos para atender las necesidades internas y la creciente demanda mundial.

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Entonces la iniciativa surgió porque el "yuyito", como había definido la ex presidente Cristina Elisabet Fernández de Kirchner a la principal fuente generadora de divisas a través de las exportaciones, había iniciado lo que finalmente fue un vuelo corto ascendente de los precios internacionales de menos de USD 300 la tonelada en 2007 a casi USD 600 en 2008, y con una proyección  a superar los USD 700; y en el caso del aceite de soja pasó de USD 460 en 2016; a USD 740 un año después y USD 1.370 a fines de junio de 2008.

Pero ya "con el diario del lunes" se vio que esa escalada de precios fue puntual, porque al poco tiempo surgió la crisis financiera de las hipotecas en los EEUU que se extendió hasta 2009 y provocó el derrumbe de las cotizaciones internacionales de las materias primas, y el complejo oleaginoso no fue la excepción.

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