Por Alejandra Cardini
Desde que se sancionó la Ley Nacional de Educación, en 2006, garantizar una educación secundaria
de calidad para todos los jóvenes es una obligación. También es una oportunidad única para
sentar las bases de una Argentina más justa y con un desarrollo económico sostenido. Sobran los
argumentos que relacionan a la educación de los jóvenes con la potenciación de sus horizontes,
con el fortalecimiento de la democracia y de la economía.
La educación secundaria se
expandió sostenidamente en los últimos 50 años. Son cada vez más los jóvenes que se gradúan del
nivel. Pero, más allá de los avances de las últimas décadas, enfrentamos enormes deudas. En la
actualidad, de cada 100 adolescentes que ingresan a la escuela secundaria, menos de la mitad
llegan a completarlos. Sólo 27 lo hacen en el tiempo previsto. Los demás, repiten. Entre el 10 y
el 15% de los adolescentes y jóvenes que abandonaron la escuela luego retomaron sus estudios y
obtuvieron el título secundario en modalidades educativas para jóvenes y adultos. La
interrupción de la trayectoria escolar no ocurre de la noche a la mañana. Es el resultado de
recorridos escolares que acumulan desventajas, generalmente, a partir de una o más experiencias
de repitencia que comienzan incluso en la primaria. Estas dificultades se intensifican cuando el
tiempo escolar compite con urgencias económicas y responsabilidades de cuidado.
A los
desafíos de acceso, permanencia y egreso de la escuela secundaria se les suman los asociados a
los aprendizajes. Los resultados de las pruebas Aprender reflejan las dificultades que encuentra
el sistema educativo para garantizar que los estudiantes incorporen aprendizajes significativos.
Por ejemplo, en 2017 solo tres de cada diez estudiantes del último año del secundario tuvieron
un desempeño satisfactorio en Matemática; en Lengua esta proporción fue de seis de cada
diez.
Ambas dimensiones (trayectorias y aprendizajes) están atravesadas por pronunciadas
desigualdades sociales y territoriales. Mientras nueve de cada diez jóvenes de entre 18 y 24
años de nivel socioeconómico alto finalizaron sus estudios, entre los del más bajo sólo lo
lograron cinco. Este patrón también se observa en los niveles de aprendizaje. En el caso de
Lengua, existe una amplia diferencia en la proporción de estudiantes que no alcanzan resultados
de aprendizaje satisfactorios o avanzados entre el nivel socioeconómico más alto (59%) y el más
bajo (18%). Estas desigualdades se reflejan también entre territorios. La proporción de
estudiantes con rendimiento satisfactorio en las pruebas de Matemática en la jurisdicción más
rica del país (Ciudad de Buenos Aires) quintuplica a la de una de las provincias más pobres
(Chaco).
Pensar una Argentina con más y mejores oportunidades para las futuras
generaciones requiere de una transformación de la educación secundaria que combine inclusión y
calidad. Se necesita una mejor articulación federal, entre la Nación y las provincias para la
implementación de políticas educativas. Para alcanzar mayor justicia educativa hay que
fortalecer las trayectorias escolares de los jóvenes que lo necesiten. Fortalecer la formación
docente y estimular la innovación pedagógica y curricular, estableciendo un diálogo más fluido
con el mundo del trabajo y la puesta en práctica de los aprendizajes, también son aspectos
claves.
Se trata de una tarea compleja que requiere de una perspectiva integral. La
política educativa debe resolver desafíos pendientes hace décadas junto con los del siglo XXI
(automatización, digitalización, inteligencia artificial, etc.). Para hacerlo, se necesita
construir una visión común y prioridades entre varios sectores que culminen en el planteo de
metas medibles y sostenibles en el tiempo. Solo así los acuerdos de largo plazo podrán
anteponerse a las decisiones de corto aliento.
*La autora es directora del programa
de Educación de CIPPEC