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Opinión

El primer presupuesto diseñado íntegramente por el Gobierno

El oficialismo presentó recientemente el Presupuesto de la Administración Pública Nacional para el próximo año. Sin lugar a dudas, en el marco actual de enorme incertidumbre respecto al devenir del conjunto de la población, el plan fiscal oficial toma una relevancia central para cualquier planteo del futuro inmediato. 

Es el primer presupuesto diseñado íntegramente por el actual gobierno, ya que el primer año de su gestión fue el resultado de una combinación entre los planes heredados del gobierno precedente con intervenciones políticamente activas del actual. Basta recordar medidas de gran impacto fiscal como la quita de las retenciones a la exportación de productos agropecuarios, análoga quita correspondiente a la actividad minera y el recorte de los subsidios a las tarifas de los principales servicios públicos (todavía en revisión).

Si bien el proyecto de ley todavía está en instancias de debate parlamentario, surgen algunas cuestiones interesantes para remarcar. En primer lugar, desde un aspecto formal, la presentación busca tomar distancia de la correspondiente a los gobiernos anteriores. Se presenta como un presupuesto “que no miente” en contraste con la práctica habitual anterior dedicada a la tergiversación de muchos de los supuestos macroeconómicos claves como el crecimiento del producto y la inflación. En esta ocasión, sin embargo, se apela a una práctica novedosa que si bien logra diferenciarse mantiene puntos en común  con su precedente. Por un lado, a partir de la información oficial presentada para este año 2016 admite, lisa y llanamente, que su primer año de gestión fue desastroso –actitud impensada para el otro gobierno que normalmente “maquillaba” situaciones difíciles de digerir- y por otro lado, si bien presenta una escenario moderado para el próximo año -a partir de un crecimiento del 3% de la actividad económica y una inflación del 17% - las limitaciones del proceso económico vigente lo transforma en una “verdad” inverosímil. 

En concreto, la presentación presupuestaria admite que pasamos de una economía semi estancada en el año 2015 con un crecimiento del PBI del 2,4%, a una economía en recesión al año siguiente (con una caída del -1,5%) al tiempo que la tasa de inflación aumentó en un 50% al pasar del 24% al 35,2%. El reconocimiento de este “trabajo sucio” no sólo se infiere sino que también se puede leer de manera textual en la letra del presupuesto como “los costos inmediatos” derivados de las “correcciones necesarias” que en otros términos implicó la puesta en marcha de un conjunto de medidas netamente impopulares que permitieron sentar una pauta de mayor regresividad distributiva. Esta confesión de parte parece ser la prueba presentada con vocación de verdad para, a continuación, hacer ingresar una proyección improbable para el año 2017. Es en este sentido, que la presentación presupuestaria carece de las explicaciones necesarias para sostener que se pasará de una economía recesiva con inflación a otra en crecimiento con desaceleración inflacionaria sin tocar los patrones estructurales de crecimiento. En este marco el aumento de la inversión pública del 14% parece insuficiente para lograr semejante tarea siendo que incluso, la meta de aumento de consumo queda sospechada frente a la política salarial expresamente conservadora.

Pero entonces ¿qué nos propone la política oficial para el próximo año a partir de la lectura del Presupuesto? Podríamos simplificarlo en dos términos: Resignación y Deuda.  Resignación, porque en el marco de un contexto de mayor pauperización social, el Presupuesto prevé para el próximo año un aumento del gasto social, que con mucho optimismo respecto a los precios, se puede proyectar  en un 8% real con caídas en conceptos sensibles como la salud (-2,6%), educación y cultura (-2,5%), en la función trabajo (-11%) y en Agua y Alcantarillado (-10%).

Lo anterior se agrava al considerar que durante el año en curso, con una inflación del 40% anual, la inversión de recursos presupuestarios para el área social cae un 3% en términos reales. Pero si además se tiene en cuenta que el gasto social creció por debajo del aumento del número de personas en situación de vulnerabilidad social, la inversión social medida en estos términos cae en realidad un 5,3%.

​Por ende, mientras desde finales del gobierno anterior la pobreza aumentó en aproximadamente un millón de personas, Macri finaliza su primer año de gestión no solo con ese lamentable record, sino que propone un 2017 donde los pagos por deuda crezcan en términos reales un 35% y el gasto social en relación a la población postergada se reduzca en más de un 5%. Deuda, por doble vía, mayores pagos de deuda para mayor endeudamiento. Se prevé para el año próximo una partida para el pago de intereses de casi $250 mil millones de los cuales cerca de $131 mil millones engrosarán las cuentas de acreedores privados.

De este modo, el presupuesto establece para el pago de intereses tres veces el gasto que se destina para Promoción y Asistencia Social, quince veces lo que se lleva la función trabajo, una vez y media lo que se destina a Salud, siete veces el monto de recursos destinados a ampliar Agua Potable y alcantarillado, e incluso representa más del doble de lo que se destinará al Programa de Reparación Histórica a los Jubilados.

Sin embargo, los incondicionales pagos lejos de favorecer en un proceso de desendeudamiento redundan en mayores necesidades de financiamiento: al finalizar este año el endeudamiento habrá crecido en cerca de 40.000 millones de dólares con la promesa de continuar incrementando deuda en el siguiente por un monto similar (U$S 38.200 millones).

En concreto la fórmula de resignación y deuda propuesta por el gobierno implica, aceptar que al tiempo que se deteriora el gasto social y el poder adquisitivo de la población, cada uno de los 40 millones de habitantes deberán asumir una nueva deuda de U$S 2.000 per cápita por el año que pasó y el que vendrá. 

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