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Análisis Semanal

El sector vitivinícolo acusa al Gobierno de impulsar una nueva resolución 125

Aseguran que la reforma tributaria a la bebida es inaceptable y esperan cambios antes de que llegue al Congreso.


El gobierno nacional planteó su nueva reforma tributaria y comenzaron los problemas. La decisión de poner un impuesto a los vinos y sidras de 10% y de elevar el tributo a las gaseosas a 17% si tienen azúcar añadido fue comparada por muchos actores del sector con la resolución 125 del kirchnerismo, que buscó en 2008 subir las retenciones a los cultivos agrícolas.


El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, había justificado la decisión del macrismo con esta frase: “Lo que estamos haciendo es seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en términos de gravar las bebidas alcohólicas, y el vino tenía una alícuota del 0%.”

La explicación no fue suficiente.


El gerente de la Unión Vitivinícola Argentina, Sergio Villanueva, aseguró que haber dicho que el vino “es un producto no saludable para la sociedad, justificando de alguna manera un tema impositivo a través de la descalificación, tendrá consecuencias”, según lo publicado por el diario BAE. Y agregó: “Para nosotros esto es nuestra 125, que terminará en acciones duras”.


Ante este panorama, Mendoza convocará a los gobernadores de las provincias en las que se produce uva para organizar un encuentro y buscar estrategias que impidan el proyecto del Ejecutivo llegue al Congreso.


El impacto del impuesto significa pasar entre $7.000 a $8.000 millones a manos del Estado, algo que provocará que el productor reciba un menor precio por la uva y que el consumidor pague más por la bebida.


Datos duros

$8.000 millones es lo que cederá en un año el sector productivo a las arcas del Estado con la aplicación del 10% de carga tributaria que deberá pagar de cara al 2018


50% del producto bruto regional es lo que representa la actividad que por año genera 300.000 puestos de trabajo el cual significa el 70% de los costos de producción.

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Horas después, por Radio Mitre, su par de “La Linda” dejó trascender que las bebidas que usaban jugos producidos por economías regionales y azúcar proveniente del “Jardín de la República” también estaban en negociaciones avanzadas para esquivar las balas de la reforma tributaria que acaba de presentar en sociedad el Gobierno nacional.

La velocidad con la que el gobierno cedió sugiere que esa parte de la reforma tenía la suerte sellada en su propia génesis, que más bien se trataba de una pieza de negociación para dirigir el conflicto a un objetivo fácil de entregar, al tiempo que se preservaba el corazón de la propuesta.

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Las autoridades de Hacienda completaron la ardua de tarea de presentar al Congreso de la Nación de la iniciativa de cambio integral de la legislación tributaria, qué como tal comprende a los impuestos, las cargas aduaneras y los aportes y contribuciones a la Seguridad Social (Caja de Jubilaciones, o Anses).

Se trata de cambios muy amplios y complejos, cuyo tratamiento legislativo se estima que demandará varias semanas, porque modifica cargos tanto a las empresas, como a las familias, y también los nacionales y provinciales, con efectos cruzados.

Según estimaciones de Hacienda y de expertos privados, la aprobación de la propuesto implicará para el Estado nacional reducir la presión tributaria en el equivalente a 1,5% del PBI de modo gradual en 5 años; y en el caso del conjunto de las 24 jurisdicciones provinciales  implicará el renunciamiento a ingresos directos equivalentes a 2,5% del PBI en el próximo lustro.

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