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Opinión

La oposición no entiende el problema

El 10 de diciembre de 2015 no hubo solamente un cambio de gobierno, empezó el camino de un profundo cambio en nuestro estilo de vida: del populismo hacia la verdad. Si un país tiene un déficit fiscal descomunal, del orden del 7% del PBI (hay que remontarse a la híper de 1988 para conseguir uno igual), el gobierno debe procurar reducirlo, digamos, “sin prisa pero sin pausa”. En economía, los problemas de grado, importan. Cuando la magnitud de un desequilibrio es colosal, ya deja de ser un problema ideológico entre keynesianos y liberales, y pasa a ser un problema civilizatorio: semejante déficit fiscal no es sustentable durante mucho tiempo, entonces ningún economista racional dudaría acerca de la necesidad de achicar lo más posible tamaño desequilibrio.

El descontrol populista dejó un segundo problema fiscal, que incide dramáticamente en el proceso de inversiones y en el potencial de desarrollo de nuestra economía: Argentina tiene la carga tributaria de Noruega y la calidad del gasto público de Sierra Leona.

Existe una sola manera de ir solucionando estos dos problemas, el déficit fiscal y la carga tributaria, al mismo tiempo: reduciendo el leonino gasto público (leonino, de Sierra Leona). No es una opción ideológica, ni siquiera un problema económico, sino tan sólo una cuestión de índole mecánica: para reducir el déficit en relación al PBI y además reducir la presión impositiva en relación al PBI, debe caer el gasto público en relación al PBI, más de lo que se reducen los impuestos. Sí, más. Mecánica pura.

El gobierno tiene claro el diagnóstico (luego de estos 12 años, no es poco) y dado que, afortunadamente, es un gobierno progresista, heterodoxo, se propuso hacerlo en forma gradual, con metas de reducción del déficit hasta 2019. Las vías para alcanzar el objetivo son la recomposición tarifaria, el ahorro por disminución de la tasa de corrupción, el reordenamiento administrativo y el aumento de la recaudación vía crecimiento. Pero hubo un problema: el BCRA tiene disidencias ideológicas con el Ministro de Hacienda (a veces avaladas por el Presidente, depende del día, y de la cercanía a las elecciones), y cree que la inflación es un fenómeno monetario, una excentricidad que no pasaría el primer examen del profesor Olivera en la UBA. Al subestimar el problema inflacionario, creyendo que con política monetaria bastaba, el gobierno-BCRA indujo una caída del salario real y del tipo de cambio real mayores a las esperadas, profundizándose la recesión. El gobierno tuvo que cambiar de caballo en la mitad del río, impulsando la demanda con más déficit fiscal, hasta que arranque. Y acá estamos.

En este momento crítico, una exótica alianza política en el Congreso plantea, con justicia, una generosa actualización del mínimo no imponible y las escalas del impuesto ganancias. Con justicia y falta de sentido común, claro está: no entienden el problema. En esta coyuntura lo progresista no es, necesariamente, mejorar el ingreso real de la clase media. Mucho más progresista es evitar un colapso fiscal como el de 2001, tal como muy atinadamente advirtiera el exitoso ex ministro Roberto Lavagna. Lamentablemente, su hijo, en vez de darle bola a su padre, se fue de joda con Kicillof, Recalde, Kunkel y el Cuervo Larroque. Esa falta de diálogo padre-hijo nos está matando.

Peor aún, mostrando la oposición que efectivamente no entiende el problema, por segunda vez, para que no crezca el déficit sugiere crear no 1, sino 7 (SIETE) impuestos, como si estuviéramos en Noruega. No advierten cuán cerca de Sierra Leona nos dejó la experiencia populista.

Algunos de ellos son directamente impresentables, como el impuesto retroactivo! a quienes compraron dólar futuro (y por qué no futuros de soja?). Otros son una bomba atómica en nuestra frágil macroeconomía. Si alguien quisiera hacerle daño, pero mucho daño, a nuestra economía, no se me ocurre algo más efectivo que el impuesto a la renta financiera: a) debilita nuestro ya raquítico mercado de capitales, b) restringe el financiamiento empresario, c) desincentiva el ahorro, d) incentiva la fuga de capitales, e) encarece el crédito al consumo y la inversión, f) fomenta la economía en negro, y g) desincentiva las inversiones financieras externas, entre otras delicias. Esta genialidad populista tiene más propiedades que el Aloe Vera. Y hasta tiene un costado kafkiano: los legisladores creen que están gravando a los “especuladores”, sin advertir que estos muchachos ya pagan impuesto a las ganancias por su actividad de compra-venta de activos. Este impuesto no los afecta a ellos, para nada, sino a los dueños del capital: los depositantes, el FGS de la ANSES y la clase media que fue al banco del barrio a comprar un Fondo Común de Inversión, por ejemplo. La oposición no entiende el problema, y entonces propone remedios que son peores que la enfermedad.

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