Newsletter Semanal equipo bulat

Análisis Semanal

El mito de la reinserción social

“Presos que estudian: el 85% no vuelve a la cárcel”, tituló el diario Clarín el 3 de diciembre de 2016. Un dato positivo y esperanzador si así se lo lee, descontextualizado. Pero lo que no es un dato menor, es que la nota del Gran diario argentino se refiere solamente a los que acceden a estudios de nivel universitario, que equivale al 2% de toda la población penal en Argentina. ¿Qué hay detrás de una fría estadística? ¿Por qué un derecho garantizado por la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad solamente llega a tan pocos presos? ¿Cumple verdaderamente la cárcel el factor resocializador que debería?


El primer paso para un abordaje serio es comprobar cuántos y quiénes realmente son los que se encuentran privados de la libertad. Como población objeto suelen ser siempre los mismos. Hoy hay más de 70 mil presos, que es casi un 100% más que en 2002, que había aproximadamente 40 mil.


Para ser exactos, en el 2015 el Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (SNEEP) reveló que la cantidad de población penitenciaria es de 72.693. En el año 1996, el número llegaba a 25.163 y en 2006, a 54.000. Una disparidad alarmante en cuanto al crecimiento exponencial de la población penitenciara en comparación a la población total en el país.


El SNEEP, que es elaborado anualmente por la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, también arrojó que Argentina se encuentra en el N° 16 con respecto a la tasa de encarcelamiento de los 32 países que considera el informe: 161,85 personas detenidas por cada 100.000 habitantes. El primer puesto es para Estados Unidos con 698, en segundo lugar Cuba con 510 y más atrás aparecen Rusia con 463 y Brasil con 301. En cuanto a Sudamérica, que reúne al 6% de población mundial, aloja al 9% de presos del mundo. Entre 1996 y 2014 la población carcelaria sudamericana se incrementó un 237% mientras que su población total solo creció 27%.


El segundo problema, para entender la falta de resocialización es la situación judicial de los presos. Según el informe SNEEP 2015, el 49% se encuentran con una condena firme, mientras un 50% solamente están procesados (el 1% restante se encuentra en la categoría otra). ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, que la prisión preventiva, que debería utilizarse como una excepción y no como una regla, es enormemente mayor de lo razonable. En segundo, se está imponiendo sobre inocentes la experiencia del encierro, teniendo en cuenta lo enormemente traumática que es. Y en tercer lugar, a los detenidos cautelares no se les aplica el régimen de progresividad de la pena previsto en la Ley 24.660, ya que esté está previsto solamente para los condenados. Este “régimen de progresividad” permite que las personas detenidas vayan alcanzando nuevos niveles de autodisciplina y la posibilidad de un egreso anticipado a partir de la mitad de su condena (teniendo en cuenta las salidas transitorias) y poder alcanzar la libertad condicional luego de cumplirse las dos tercias partes de la pena.


El tercer problema, y uno de los más llamativos, es el cómo llegan los presos. En cuanto a su nivel de instrucción, el 6% llega con ninguno, el 28% con primario incompleto, 38% con primario completo y 18% con secundario incompleto. Esto arroja que solamente el 10% terminó el secundario. Sobre ese 10% restante, solamente el 2% se engloban los que sí tienen educación terciaria y/o universitaria.


Sobre la situación laboral al momento del ingreso, el 45% se encontraba desocupado y un 40% se desempeñaba como trabajador de tiempo parcial. Solo un 15% poseía un trabajo de tiempo completo. Situación similar acerca de la capacitación laboral, un 52% no tiene oficio ni profesión.


“La educación genera oportunidades en todos los contextos. El que pudo estudiar, obvio que tiene menos chances de caer preso, pero porque tuvo más oportunidades para elegir. Por eso el 85% que estudia acá adentro después no reincide, porque sale con educación, con más oportunidades”, desarrolla Leandro Halperín, ex director del programa UBA XXII


UBA XXII es, como marca su nombre, un programa de Educación de la Universidad de Buenos Aires. El programa fue creado en 1985 y en 2015 cumplió 30 años. Aproximadamente 3000 presos pasaron por el programa y más de 500 se graduaron.


Continuando con su análisis, Halperín explica: “Un sistema penal como el nuestro se perfecciona no por el delito en sí, sino por quién es quien comete el delito. Si tuviésemos un sistema criminal que fuese justo, que busque a los autores de las conductas más peligrosas y no a los más fáciles de detectar, probablemente la educación tuviese un menor impacto, porque en la cárcel habría de todo. En una población normal son de todos los estratos los que cometen delitos. Pero como el sistema elige y elige a los más frágiles, y esos son los desplazados, la educación toma un papel importante”.


¿Por qué es necesaria la resocialización?


En su informe 2015, la Procuración Penitenciaria de la Nación hace eje no solamente en los derechos de las personas privadas de la libertad sino también en los de las personas liberadas. La PPN parte de una base que no es muy difícil de comprobar, la cárcel hoy no solo no rehabilita sino que produce efectos que condiciona en la forma en que la persona vuelve a la sociedad después de cumplir la pena.


“La experiencia del encarcelamiento configura una situación paradojal. Si se observa la población presa, es posible advertir que la segregación carcelaria resulta para la mayoría un proceso secundario de marginalización, que se produce como parte de la exclusión primaria. No obstante esto, para algunas personas, la cárcel significó un paréntesis en su historia de exclusión social; una interrupción a partir de la presencia del Estado, que se presenta en un mismo acto como institución de control y castigo, y como posibilitadora del acceso a ciertos derechos”, analiza la Procuración Penal Nacional. El teórico Alessandro De Giorgi llama a este fenómeno “retorno a la nada” (“reentry to nothing”), lo compara con un salto al vacío y volver a esa exclusión por parte del Estado.


El acceso a la educación dentro del sistema penal no es para nada fácil, la Procuración Penitenciaria Nacional y  diversos organismos han denunciado que una de las principales limitaciones al acceso a la educación formal dentro de las prisiones se relaciona con las severas dificultades para obtener en tiempo y forma la documentación escolar de los estudiantes detenidos para la normal prosecución de sus estudios.


También se menciona a los traslados de los alumnos a su lugar de clase, en 2011 se presentó una acción de habeas corpus correctivo colectivo a favor de los detenidos incorporados a UBA XXII porque no eran trasladados, lo que desencadenaba la pérdida de la condición de alumno regular y veían imposibilitada su chance de avanzar en el régimen educativo.


La afectación de una persona detenida a una relación laboral es otro de los puentes que se tejen desde el sistema penal para ayudar a la resocialización.


Primero, ayuda a reducir los niveles de insatisfacción de necesidades básicas. Esto quiere decir que existirá una mayor disponibilidad de bienes para los presos, lo que también desembocará en reducir la conflictividad dentro del pabellón. En segundo lugar, impacta favorablemente a la persona detenida para colaborar, aunque no sea en una gran proporción, a la economía de su familia y al sostenimiento de su hogar. Por último, en tercer lugar, es un indicador positivo al momento de resolver egresos anticipados.


Es importante seguir remarcando que la condición de detenido no vulnera la condición de sujeto de derecho. La relación laboral de un preso debe estar regida por la ley laboral, lo que muchas veces parece no tenerse en cuenta cuando se critica que “un preso gana más que un jubilado”. Si un preso ganara por debajo del sueldo mínimo o no cobrara se trataría de trabajo forzoso o una servidumbre.


Y aunque esa crítica sea por ignorancia o ideología, la realidad es que muchas veces es lo que sucede en la realidad. Los detenidos suelen tener un período en el que aceptan coactivamente trabajar sin recibir su salario hasta que se efectivice su afectación. Según el “Estudio exploratorio sobre trabajo carcelario”, el 46% de los trabajadores consultados confirmaron haber desempeñado tareas sin percibir remuneración durante un período igual o mayor a los dos meses. Según el mismo estudio también se han operado descuentos del salario por asistir a educación, recibir visitas o padecer una enfermedad, lo que contraría el artículo 118 de la Ley N° 24.660.


Como conclusión, es claro que el sistema, ya sea por incapacidad o desidia, está fallando. A pesar de lo que marca la ley, los escollos para poder estudiar o trabajar dentro de la cárcel son moneda corriente. La cárcel hoy no solo no resocializa sino que daña al preso, que ya es un desplazado de la sociedad en la enorme mayoría de los casos. Tal vez es hora de mayor democratización del sistema penitenciario, sacarle a la cárcel ese velo que lleva para poder saber qué es lo que verdaderamente pasa y, por último, la única política de seguridad eficiente: la de prevención, el acceso a una educación y un trabajo.

Columnista