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Análisis Semanal

La restitución del Renatre, último vestigio del conflicto del campo

Tras el triunfo de Cambiemos en las elecciones presidenciales que ubicó a Mauricio Macri en el "sillón de Rivadavia" a fines del año pasado, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la recuperación del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Rurales (Renatre), que el Gobierno kirchnerista le había arrebatado a las entidades de productores y al gremio de peones rurales a través de la Ley 26.727 en 2011 (conjuntamente con el nuevo estatuto del peón rural) en medio del revanchismo político hacia el sector agropecuario, generado después del largo enfrentamiento con los chacareros en 2008.


En aquel momento, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner logró que el Congreso Nacional –donde el oficialismo por entonces gozaba de la mayoría parlamentaria– suprimiera ese organismo de derecho público no estatal para crear en su lugar el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea), un ente similar pero con absoluto dominio del Poder Ejecutivo (manejado a partir de allí por el Ministerio de Trabajo de la Nación) y sin la participación dentro del directorio de los dirigentes del agro y del sindicato de los empleados del campo.


Con esta iniciativa la administración kirchnerista despojó del manejo del organismo a los verdaderos actores del sector: los representantes de las cuatro entidades (Sociedad Rural, Federación Agraria, Confederaciones Rurales y Coninagro) y el gremio que representa a los peones (UATRE). Ambos habían gestionado con éxito el Renatre desde su creación en marzo de 2002, bajo la supervisión de la cartera de Trabajo. Esa institución, inclusive, fue reconocida internacionalmente por organismos vinculados a cuestiones laborales gracias a su destacada tarea en el combate del trabajo en negro y del trabajo infantil en zonas rurales de nuestro país.


Los números obtenidos desde 2002 hasta 2011 son elocuentes: se registraron más de 821 mil trabajadores rurales y más de 76 mil empleadores, otorgando un total de 62.641 prestaciones por desempleo por una suma superior a los 206 millones de pesos. Apenas el Gobierno anterior se apoderó del manejo de la entidad (y la reemplazó por el Renatea) fueron destruidas la historia laboral digitalizada y casi toda la documentación que respaldaba su transparente y aceitado funcionamiento.


En una conferencia de prensa realizada días atrás el Secretario General de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores, Gerónimo "Momo" Venegas, junto a integrantes de las entidades del campo (Abel Guerrieri de la Sociedad Rural y Alfonso Máculus de Confederaciones Rurales Argentinas) y a representantes del actual Renatea (Ramón Ayala, Subdirector General y Erica Utrera, Gerenta Legal), expusieron el descalabro administrativo y financiero provocado por la gestión kirchnerista desde el 23 de enero de 2012 hasta fines del año pasado. Con el sustento de un extenso y detallado informe de gestión con carácter de auditoría, las denuncias de desvíos de fondos y desmanejos se multiplicaron. "Hubo desvío y malversación de fondos y los responsables van a ir presos. El máximo responsable fue el anterior Ministro de Trabajo, Carlos Tomada", apuntó Gerónimo Venegas, titular de las 62 Organizaciones Peronistas.


De acuerdo a la auditoría durante la administración kirchnerista hubo en este organismo diversas irregularidades y utilización política por parte agrupaciones militantes como La Cámpora, la CANPO (Corriente Agraria Nacional y Popular) y Nuevo Encuentro (espacio liderado por el ex titular del AFSCA Martín Sabbatella). Según el informe se incrementó significativamente la cantidad de empleados del Renatea, ya que de los 236 agentes a comienzos de 2012 el personal se amplió a casi 900 en diciembre último. Hubo un aumento injustificado del parque automotor: de 28 vehículos se pasó a 152. Además, no existió control ni fiscalización interna alguna entre 2013 y 2015 en operaciones contables, financieras y patrimoniales. Vale destacar que durante ese período no se presentaron los balances de gestión.

Ante las denuncias provenientes del círculo más duro del kirchnerismo sobre los centenares de despido que se hicieron tras el fallo judicial que restituyó la entidad a las gremiales del campo y a los trabajadores rurales, el líder de la UATRE, Venegas, aclaró: “no estamos despidiendo gente, sino que hemos hecho un acuerdo con UPCN (sindicato de empleados públicos), a partir de la decisión que ordenó la justicia de que volvamos al estado anterior cuando existía el Renatre, y los trabajadores que se van lo hacen con una triple indemnización”.



Para el “Momo” el Renatea fue utilizado por el kirchnerismo como instrumento de clientelismo político encubierto. El sindicalista detalló que de acuerdo a la investigación hecha por los auditores se transfirieron  importantes sumas de dinero a municipalidades afines, ONGS, y otras organizaciones, muchas veces a sola firma, no dirigidos a los verdaderos beneficiarios (peones rurales) y sin rendimiento de cuentas sobre esos gastos. Desde 2014, a través de esos programas se habrían desviado más de 60 millones de pesos, de los cuales apenas poco más de 5 millones fueron justificados.


“La primera medida que va a tomar en los próximos días el Directorio del Renatre va a ser el aumento de la prestación mensual por seguro de desempleo. De los 960 pesos que estuvo congelado durante cuatro años se pasará a 3.452 pesos, más el incremento que provenga de las paritarias de los trabajadores rurales de este año”, destacó Venegas. Y luego agregó en un tono muy sentido: “queremos terminar con el trabajo en negro y con el trabajo infantil, que tanto nos duele”.


Más grave aún pareció la denuncia que efectuó la actual Gerente Legal del Renatea, Erica Utrera, quien remarcó que durante el año 2015 se pagaron 298 millones de pesos solamente en salarios al personal, mientras que por prestaciones por seguro de desempleo (misión central para la que se creó esta institución) apenas se liquidaron 71 millones de pesos a los peones rurales. Este revelador dato demuestra la desidia con la que se manejaron las autoridades anteriores. Sin dudas, una costumbre del kirchnerismo, que hizo un culto de la utilización política en diversas reparticiones públicas del Estado a lo largo de la última década.


Una de las prácticas habituales del Renatea que dejó al descubierto los increíbles desmanejos llevados adelante por el ex titular del organismo, Guillermo Martini, fue la desatención al trabajador rural, ya que no se notificaba al peón cuando tenía aprobada su prestación por desempleo lista para cobrar. Entonces, si el trabajador no llamaba, ese dinero volvía al Registro. Y así desviaban los fondos. Tampoco se controlaba el reingreso a la actividad, por lo que muchas veces se cobraban las cuotas por desempleo cuando el trabajador volvía a realizar su labor.


La auditoría realizada sobre la gestión del kirchnerismo en la entidad encargada de registrar a los trabajadores rurales y brindarles el seguro por desempleo, es un fiel reflejo de lo que significó el aparato de corrupción sistemático del Gobierno anterior. Lo ocurrido en el Renatea es apenas un pequeño grano de arena en la construcción del aparato de desvío de fondos públicos (de la gente) que funcionó de manera muy aceitada durante “la década ganada”, sostenido por el poder político que oficio como escudo protector para garantizar tanta impunidad.

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