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Opinión

La verdad detrás del re(al)corte en el Estado

Por Santiago Bulat
 
Hace pocos días, en conferencia de prensa, y en el marco del reformismo constante que pregonan desde Cambiemos, el presidente Mauricio Macri anunció una serie de reformas que saldrán (mientras escribo) por decreto. En primer lugar se propuso reducir 1 de cada 4 cargos políticos y por ende, el presupuesto de la política del Poder Ejecutivo. Según cálculos aún poco certeros, esto generaría una baja de 1.000 cargos y un equivalente a $1.500 millones. En segundo lugar, anunció que este año no habría paritarias para los funcionaros de la Administración Pública Nacional. Y por último, firmar un decreto para que ningún ministro pueda tener familiares en el Gobierno.

Ahora cabe preguntarse: ¿es una medida económica o más bien política? Lo cierto es que la economía argentina finalizó el 2017 con una meta sobrecumplida en términos de déficit primario (Ingresos Totales – Gastos Primarios) de 3,9% sobre PBI, es decir 0,3 puntos porcentuales por debajo del objetivo planteado de 4,2% del PBI. Sin embargo, el déficit financiero (que incluye los intereses de la deuda) se amplió 32,5% a raíz de un incremento de los intereses de 71,3% hasta alcanzar un déficit de 6,1% del PBI. Este panorama que de a poco va saneando sus desequilibrios macroeconómicos, deja a la Argentina en una situación de vulnerabilidad extrema dado que la Nación planea financiar gran parte de ese déficit con más endeudamiento externo: aproximadamente USD 33.000 millones según estima el Ministerio deFfinanzas (un 5,2% del PBI).

De este párrafo podemos extirpar dos conclusiones. En primer lugar, que la reducción de $ 1.500 millones no parece ser significante a la hora de reducir el gasto. De otro modo y para ponerlo en números, la rebaja significará: 0,055% del total del gasto primario, 0,38% del resultado primario y 0,22% del resultado financiero, según estima el Presupuesto 2018.

Ahora bien, la medida sí ofrece una señal de carácter político en un compromiso por reducir el creciente gasto público, a la vez que los ingresos crecerán 4 puntos por encima de los gastos primarios en 2018. Es entonces la medida… ¿necesaria, suficiente o eficiente? Seguramente cada quien tenga libre interpretación respecto a ello pero cabe desglosar el nivel de gasto para comprender cuál es la inflexibilidad que hoy presenta el mismo. 

El total de gastos corrientes que prevé ejecutar la Nación es de $ 2.486.298 en 2018, dentro de este, el 62,8% corresponde a prestaciones sociales, en donde el peso de las jubilaciones y pensiones representa casi el 70% del total, seguido de las asignaciones, que reflejan 11% de las prestaciones. Como segundo ítem se encuentra el rubro de “Gastos de funcionamiento y otros” que explica el 18,3% del gasto corriente que se ejecutará en 2018 y es aquí donde se plantea el recorte del $ 1.500 M (o los 1.000 cargos). La cantidad de empleados públicos en diciembre de 2016 era de 3.490.056, de los cuales los puestos correspondientes a la Nación representaban el 21% del total. Mientras que el mayor peso lo tienen los empleados provinciales con más de 65% de los puestos. A partir de entonces ,y según los datos del SIPA, el registro de empleados públicos creció 0,6% o (18.950 puestos) expandiendo el caudal del gasto en este rubro, haciendo que la reducción de 1.000 cargos no parezca demasiado relevante en términos económicos pero sí en un términos políticos, dado que el gasto resulta muy inflexible en muchos aspectos y es reducido el margen de maniobra.

Además del déficit que presenta la Argentina, la deuda que deberá contraer continuará en aumento y el ratio de deuda pública con el sector privado y organismos internacionales superaría el 31% del PBI en 2018, siempre y cuando la economía crezca tal cual lo previsto (3,5%). Aquí es cuando nace el segundo problema. En primer lugar si no se cumple el objetivo de crecimiento y el ratio deuda/PBI se acelera por encima de lo previsto, y si la tasa de interés de los Estados Unidos continúa en aumento. A raíz del último comunicado de la FED, la tasa de política monetaria se mantuvo estable en el rango de 1,25% y 1,5% pero este año ya se prevén 3 subas más. Al mismo tiempo, la tasa a 10 años del Tesoro continúa en aumento y ya superó el 2,7%. Teniendo en cuenta los años 90 y hasta acá, la Argentina colocó deuda en el mercado internacional a una tasa promedio superior a 4,3 puntos por encima de la tasa de interés del bono a 10 años, lo que hará que a la vez que esta aumente (y el riesgo país se mantenga relativamente bajo), la tasa a la cual podamos buscar financiamiento en el mundo será por lo menos superior en 4,3 puntos. Aquí es donde nace el nexo de los dos argumentos, ya que si los desequilibrios macroeconómicos no se sanean, el riesgo será aún mayor y la capacidad de contraer deuda será cada vez más perjudicial para todos (algo que ya vivimos). Por ello, mientras que los ingresos no superen con creces a los gastos, un camino de austeridad es tan valorable como necesario.

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