El Gobierno espera en febrero tratar la ley en el Congreso, que divide las aguas dentro del sector.

Tras la polémica votación de la reforma previsional, que desató protestas y violencia en las puertas del Congreso, en febrero el Gobierno quiere tratar la reforma laboral. Sin embargo, en el sector las aguas están divididas: están aquellos que creen que la propuesta no es suficientes y están los que entienden que impactará en sus empresas más de lo que querrían. 

De acuerdo con lo publicado por el diario El Cronista, la actividad de cada PyMe es la que inclina la balanza. Las compañías manufactureras toman distancia de las principales propuestas de la reforma pero admiten puntos beneficiosos. Sin embargo, las firmas comerciales no están contentas.

Aldo Lo Russo es el titular de la metalúrgica Taller Baigorria y asegura: "Desconfío del efecto que puedan generar las reformas laborales. No sé por qué hay tanta gente convencida de que el problema pasa por la relación con los trabajadores y no por cuestiones de mercado. En la Argentina, enfocaron la atención en el costo salarial sin priorizar la tecnificación".

Por su parte Rubén Barrios, titular de la juguetería Badolin, entiende: "Necesitamos flexibilizar el trabajo para tener la posibilidad de contratar personal sin bajar el sueldo, pero con algunas ventajas. Por caso, que se los pueda tomar por un tiempo determinado. Hoy pasamos los tres meses y ya estamos con la mochila al hombro de la indemnización. Creemos que tienen que mejorar las condiciones para el empleador. Diría que los empleados están sobreprotegidos".

Otra de las voces que opinó al respecto fue Marcelo Fernández, titular de la fábrica de cierres Lynsa: "Hubiera querido tener más tiempo e información para analizar el proyecto en profundidad, pero vemos que se trata de beneficiar más a la gran empresa, que siempre fue más litigiosa con los sindicatos y los delegados gremiales que en el caso de las pymes".

Sobre los contratos a tiempo parcial, Lo Russo afirma: “En empresas de características como la nuestra, no son determinantes, porque capacitar a un trabajador nos lleva unos dos años".

Barrios, de Salta, asimismo insiste en la falta de entusiasmo: "Venimos un poco decepcionados con los anuncios. Lo de la eliminación del decreto 814 lo vemos con preocupación. Si nos igualan con Buenos Aires, nos van a perjudicar, porque los costos son muy diferentes. Tenemos muy cerca a la frontera y en consecuencia una competencia desleal muy grande por medio del comercio ilegal".

Lo Russo tampoco muestra simpatía con el gradualismo de la medida: "Recién para 2022 nos representaría una baja de los aportes del 10 al 12%. El costo laboral no puede ser analizado sin tener en cuenta las ventas. Hoy el costo laboral de Taller Baigorria representa el 11% del costo de producción, pero si las ventas caen ese porcentaje sube".

Trabajo informal

El blanqueo de los trabajadores informales tiene apoyo. Barrios no tiene dudas: "Es necesario. La diferencia entre quien tiene sus empleados en blanco y quien los tiene en negro es sideral, una brecha en los costos muy grande que alienta la informalidad". 

Fernández sostiene al respecto que "más que el trabajo en negro, lo que preocupa son las empresas no registradas". "Está mal que una firma registrada con 100 trabajadores tenga dos en negro, eso no debe ocurrir. Pero peor es el caso de las empresas que tienen toda su operatoria en negro. Hay firmas que facturan en negro, compran en negro y tienen a todos sus trabajadores fuera del sistema. Para muchos que trabajamos como corresponde, eso es una competencia desleal. Se debería poner un fuerte énfasis en eso y terminar con el trabajo no registrado", explica.