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Análisis Semanal

Libertad económica, en picada

La Argentina se ubica en el puesto 169 del ranking de libertad económica integrado por 186 países, en un nivel similar al del Congo e Irán, informó la Heritage Foundation. Durante la presentación, condenó el “clima de represión económica” y una “corrupción” que “afecta a toda la sociedad”.

El informe le adjudica a la Argentina un puntaje de 44,1 sobre un máximo de 100, “el nivel más bajo de puntaje de libertad que haya registrado” el país desde que se realizan las mediciones, en 1995.

Si sólo se considera el hemisferio Sur y América Central, Argentina está en el puesto 27 entre 29 países.

Hong Kong (si bien no es formalmente un país, se lo considera como tal en esto), Singapur, Nueva Zelandia, Australia y Suiza son los cinco países considerados “libres” en la medición, seguidos por un grupo de 30 países “mayormente libres”, entre los que figuran Chile (7) y Colombia (28).

Luego se ubica un lote de 55 países “moderadamente libres”, con la participación de Uruguay (43), Perú (47), México (59) y Paraguay (83). Le siguen 62 países con “poca libertad”, de los que tres son latinoamericanos: Nicaragua (108), Honduras (116) y Brasil (118).

Las posiciones la cierran 26 países de economía “reprimida”, destacándose Bolivia (163), Argentina (169), Venezuela (176) y Cuba (177). “Argentina continúa sumida en un clima de represión económica. Gravemente obstaculizada por la interferencia del Estado, la economía formal está cada vez más estancada, mientras informal se expande”.

Asimismo, señaló que “la estabilidad monetaria es particularmente débil y hay controles de precios en casi todos los bienes y servicios”, en tanto “la interferencia del gobierno en el sector financiero distorsiona los niveles de precios”.

“El perfil de inversión ha sido gravemente dañado por la mala gestión monetaria y fiscal, el aumento del proteccionismo y las expropiaciones”, continuó el informe y señaló los inconvenientes por los default de 2001 y 2014”.

También indicó que “el crecimiento se desplomó, la pobreza aumentó y los controles de capital agravaron la fuga de capitales”.

“La corrupción afecta a la sociedad y los escándalos son comunes. El vicepresidente Amado Boudou fue acusado de soborno y conducta incompatible con la función pública”, advirtió, además de referirse a jueces “incompetentes y corruptos”. Al respecto, sostuvo que “los tribunales inferiores están muy politizados y la Corte Suprema, relativamente independiente, ha recibido mayor presión del gobierno”.

En otro orden, la fundación aseguró que “el gasto público es más del 40 por ciento del PBI y la deuda pública la mitad del tamaño de la economía. La regulación gubernamental ha aumentado, lo que socava la eficiencia y la productividad del crecimiento”.